REPORTERO1 
Las tramposas a veces sí caen al pozo; en los últimos cinco años los auditores de la Secretaría de la Función Pública (SFP) ‘cacharon’ a 405 empresas que intentaron vender gato por liebre al gobierno federal: algunas quisieron hacer pasar bienes nacionales por extranjeros, otras alteraron reportes de residuos peligrosos, las más arriesgadas se pusieron de acuerdo para repartirse contratos y hubo la que entregó productos chinos en lugar de los acordados.
Una base de datos elaborada por MILENIO revela que la mitad de estas compañías pretendía defraudar al sector salud: 139 querían obtener beneficios del IMSS y 59 del ISSSTE; otras 55 empresas trataron de engañar a la misma SFP y 28 procuraron sacar ventaja de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Los consorcios que quisieron cometer actos irregulares o fraudulentos fueron inhabilitados por períodos que van de tres meses a siete años, y la suma total de multas ascendió a mil 600 millones de pesos
Las faltas más recurrentes fueron la entrega de información falsa en general (193), asentar datos apócrifos ante el SAT (44) e incumplimiento de contrato (43).
Una revisión de los expedientes de la SFP indica que la multa más alta registrada entre enero de 2019 y marzo de 2024 fue de 100 millones 243 mil de pesos y no fue una, sino un conjunto de empresas que fue castigado con ese monto por connivencia: acordaron repartirse un botín de análisis clínicos y servicios al banco de sangre del ISSSTE.
Las empresas fraudulentas fueron Dai Servicios, Impromed, Int-Per, Proyectos en Procesos de Recursos Humanos, Selecciones Médicas, Servad Promo Asistencial y Servicios de Mínima Invasión.
Antes de esta sanción, la multa más cuantiosa había sido interpuesta a Asesoría y Consultoría en Software; según el expediente de esta empresa, desde 2018 la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) había adquirido la implementación de un sistema llamado Kims, el cual le permitiría automatizar los procesos gubernamentales sin la necesidad de que sus empleados conocieran el lenguaje ni el código de software.
Sin embargo, la empresa no completó su desarrollo, lo dejó a medias pero, eso sí, cobró el total del trabajo; fue así que se llevó a la bolsa 24 millones 963 mil pesos. El 3 de marzo de 2021 se le informó a la compañía que sería inhabilitada por un año y le fue impuesta una multa por la cantidad del adeudo.
La siguiente multa más alta fue la que se le impuso a Grupo Sari, por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria; la dependencia solicitó el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a hornos incineradores y la empresa intentó engañar sobre sus credenciales con una cédula profesional falsa. Recibió una multa de 5 millones 917 mil pesos.
Hay compañías que recibieron multas más pequeñas, pero las estrategias para llevarse contratos también tuvieron como característica el engaño o la falsificación.
Casos hay muchos; por ejemplo, según información de la SFP, Protec Médica, durante la vigencia de un contrato llamado Servicio integral de recolección, transporte, acopio, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos y residuos peligrosos biológico-infecciosos que se generan en las unidades médicas de los servicios de salud del Estado de Zacatecas, alteró los reportes de transporte de residuos peligrosos de los meses noviembre y diciembre de 2021.
Fue inhabilitada por dos años y recibió una multa de un millón 111 mil pesos; este 6 de marzo venció la inhabilitación y podrá volver a obtener contratos de gobierno.
Hay otras compañías como Grupo Armycorp México que incluso intentaron engañar a la Defensa Nacional; según el expediente de la SFP, esta empresa se comprometió en 2017 a que entregaría a la Sedena aceros de alta especialidad fabricados por empresas mexicanas.
A partir de una auscultación realizada al Ejército por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), resultó que los bienes entregados realmente provenían de China; la empresa recibió una multa discreta de 112 mil pesos y fue inhabilitada por solo tres meses en 2021.
En otro caso la irregularidad fue por parte de FBC Datec; durante un proceso de licitación de refacciones mecánicas para el Ejército fue denunciada por la Dirección de Industria Militar que detectó que documentos del SAT y el IMSS habían sido editados.
Al ingresar al portal del SAT, la opinión de cumplimiento que presentó ni siquiera existía.
Aunque son los grandes casos de corrupción los que suelen aparecer en los medios de difusión, la realidad es que la mayoría de las multas e inhabilitaciones de este sexenio estuvieron relacionadas con casos de documentación falsificada y alterada.
De las 405 empresas que fueron encontradas en falta, cerca de la mitad (237) fueron sancionadas por este tipo de malas prácticas; MILENIO detectó que las empresas intentaron entregar desde cartas de respaldo falsas, permisos de transporte apócrifos, opiniones de cumplimiento y licencias sin respaldo, ilegítimos registros sanitarios y más.
La imaginación por parte de muchos proveedores del gobierno no encuentra límites cuando de ganar contratos millonarios se trata; el anhelo por dotar de bienes y servicios a las dependencias públicas, calculan ciertos empresarios, bien vale una eventual inhabilitación o sanción económica.
Grupo Armycorp México intentó engañar a Sedena con bienes pirata, la firma tuvo que pagar una multa de 112 mil pesos.
